| GUATEMALA, 22 (ANSA) - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al Estado guatemalteco que la mina Marlin -que extrae oro y plata en el departamento de San Marcos- suspenda las actividades en un plazo de veinte días como medida para prevenir la contaminación ambiental. http://www.ansa.it/ansalatina/notizie/notiziari/amcentr/20100522215635084234.html |
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El proyecto minero Marlin I en Guatemala, propiedad de la empresa canadiense Goldcorp, viola el derecho de los pueblos indígenas a ser consultados, a su autodeterminación y el derecho de propiedad, posesión, uso y administración de la tierra y territorio. La compañía canadiense será juzgada en el Tribunal Permanente de los Pueblos que sesiona el 14 y 15 de mayo en Madrid, España.
El caso será presentado por las entidades Frente de Defensa Miguelense, Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina. El proyecto de Goldcorp también viola el derecho a la salud, a la protección del medio ambiente y al acceso al agua, entre otros.
La Mina Marlin I se encuentra en los muncipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa del departamento de San Marcos. Es operada por la subsidiaria de Goldcorp en Guatemala, Montana Exploradora. Varios de los derechos violados por el emprendimiento se encuentran protegidos bajo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas y la propia Constitución guatemalteca.
Según los denunciantes, el accionar de Goldcorp ha contado con la “aquiescencia del Estado Guatemalteco” y la “complicidad” de varios fondos de pensiones europeos, que son accionistas de la corporación canadiense. Hay fondos provenientes de Suecia por 31,2 millones de dólares, el Fondo de pensión al extranjero de Noruega con 86,6 millones y el Fondo Nacional de Reservas de Pensiones de Irlanda, con tres millones.
Se responsabiliza al Estado de Guatemala por crear un marco legal que favorece a las empresas, por no informar ni consultar a las poblaciones de Sipakapa y San Miguel antes de otorgar el permiso minero y por desplegar fuerzas de seguridad en la zona. Agregan que el Estado ha utilizado el aparato de justicia para criminalizar las luchas sociales.
Asimismo, el caso presentado ante el Tribunal Permanente de los Pueblos estipula que el Banco Mundial ha financiado la construcción de carreteras y de tendido eléctrico para las operaciones de la mina, sin realizar las consultas necesarias. Además, el propio Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional han presionado al Estado guatemalteco para que se desarrollara un nuevo marco legal para atraer las inversiones extranjeras, especialmente en el sector minero. “Los estados europeos como miembros y donantes al Banco Mundial son entonces cómplices en las violaciones”, dice el escrito entregado al Tribunal.
El Frente de Defensa Miguelense, Collectif Guatemala (Francia), Ayuda de la Iglesia de Noruega y Solidaridad Suecia-América Latina exigen que el parlamento de la Unión Europea reclame a los gobiernos de Suecia, Noruega e Irlanda que sus administradores de fondos de pensión actúen con rapidez y en forma efectiva ante acusaciones de comunidades y organizaciones sociales. Presionan además para que las poblaciones afectadas sean compensadas, que se atiendan sus demandas y que el Estado de Guatemala respete las recomendaciones de la OIT.
Es que la Comisión de Expertos en aplicación de convenios y recomendaciones de esa organización solicitó en febrero la suspensión inmediata de las operaciones en la Mina Marlin I. Expresó su preocupación porque el gobierno “reitera la información presentada con anterioridad”, lo que trae aparejado “falta de progresos”, según información de la Red de Colaboradores de TeleSUR-Guatemala. Los expertos demandaron nuevos estudios, un proceso de consulta previa con las comunidades locales e información detallada.
Tomado de Radio Mundo Real
Sipakapa No se vende
Sipakapa es un municipio de Guatemala. Desconocido por todos en nuestro pequeño país, y por supuesto en el mundo, hasta que una empresa extractora de oro, la Glamis Gold, que en Guatemala se llama Montana, se instaló en sus alrededores y dio inicio la violaron de los derechos de las comunidades indígenas, la depredación del medio ambiente y la burla a la soberanía nacional.
A partir de entonces, supimos que en esa comunidad de San Marcos se hablaba junto con el castellano, el sipakapense y que existía una cultura indígena digna de todo el respeto posible. Pero lo que importa en este artículo, no es que se haya instalado esa empresa, pues finalmente lo hacen en cualquier lugar del mundo y no-pasa nada. Pero en Sipakapa, se realizó la primer consulta popular directa y dio inició lo que se puede considerar la mayor y mejor expresión de democracia directa en el continente y creo que más allá. Veamos.
En el 18 de junio de 2005 tuvo lugar en Sipakapa una consulta popular que dijo con claridad que no quería explotación de minas a cielo abierto. Y se lo dijo a un país que no quería saber nada de movimientos desestabilizadores, ni nada que oliera a problemas con el gobierno. Pero sentó un precedente de suma importancia. A partir de entonces se han desarrollado unas 25 consultas populares en igual cantidad de municipios. En unos casos, la mayoría, para oponerse de manera clara a la minería. En otros, para decir no a proyectos hidroeléctricos, y en uno muy especial, a una cementera
En síntesis lo que Sipakapa, en una consulta democrática decidió fue que no querían minería de cielo abierto para la explotación del oro, porque contaminaba el agua, afectaba la salud de la comunidad y otros pueblos vecinos y constituía un mal negocio para el país. De acuerdo con actual código de minas, el país tiene derecho a una regalía de uno por ciento, dividido en 50% para la comunidad y 50% para el gobierno. Por ello en Sipakapa se dice habría que cambiar la ley por medio de la cual esta compañía opera en Guatemala.
Finalmente, en Sipakapa, San Marcos, la empresa Montana esta en pie de guerra y con la utilización de los viejos temores, convoca por medio de la radio a los soldados y policías a la defensa de sus intereses, para lo cual tienen eco como se señala, en los neoliberales de toda la vida. Es lo que no se atreven a decir cuando acuden a llamados vacíos al estado de derecho.
En el fondo de sus renovadas amenazas se encuentra el reinventado argumento que intenta descalificar y criminalizar al obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, quien desde el pulpito y el trabajo pastoral ha dicho que en Guatemala hace falta un nuevo código de minas para que el país no siga siendo expoliado, saqueado, que se acepte y respete el resultado de las consultas populares, y que se pronuncie en contra de los supuestos beneficios de la globalización. En ello reside el interés social, político y global de lo que ocurre en Sipakapa.
Sipakapa No se vende
Sipakapa es un municipio de Guatemala. Desconocido por todos en nuestro pequeño país, y por supuesto en el mundo, hasta que una empresa extractora de oro, la Glamis Gold, que en Guatemala se llama Montana, se instaló en sus alrededores y dio inicio la violaron de los derechos de las comunidades indígenas, la depredación del medio ambiente y la burla a la soberanía nacional.
A partir de entonces, supimos que en esa comunidad de San Marcos se hablaba junto con el castellano, el sipakapense y que existía una cultura indígena digna de todo el respeto posible. Pero lo que importa en este artículo, no es que se haya instalado esa empresa, pues finalmente lo hacen en cualquier lugar del mundo y no-pasa nada. Pero en Sipakapa, se realizó la primer consulta popular directa y dio inició lo que se puede considerar la mayor y mejor expresión de democracia directa en el continente y creo que más allá. Veamos.
En el 18 de junio de 2005 tuvo lugar en Sipakapa una consulta popular que dijo con claridad que no quería explotación de minas a cielo abierto. Y se lo dijo a un país que no quería saber nada de movimientos desestabilizadores, ni nada que oliera a problemas con el gobierno. Pero sentó un precedente de suma importancia. A partir de entonces se han desarrollado unas 25 consultas populares en igual cantidad de municipios. En unos casos, la mayoría, para oponerse de manera clara a la minería. En otros, para decir no a proyectos hidroeléctricos, y en uno muy especial, a una cementera
En síntesis lo que Sipakapa, en una consulta democrática decidió fue que no querían minería de cielo abierto para la explotación del oro, porque contaminaba el agua, afectaba la salud de la comunidad y otros pueblos vecinos y constituía un mal negocio para el país. De acuerdo con actual código de minas, el país tiene derecho a una regalía de uno por ciento, dividido en 50% para la comunidad y 50% para el gobierno. Por ello en Sipakapa se dice habría que cambiar la ley por medio de la cual esta compañía opera en Guatemala.
Finalmente, en Sipakapa, San Marcos, la empresa Montana esta en pie de guerra y con la utilización de los viejos temores, convoca por medio de la radio a los soldados y policías a la defensa de sus intereses, para lo cual tienen eco como se señala, en los neoliberales de toda la vida. Es lo que no se atreven a decir cuando acuden a llamados vacíos al estado de derecho.
En el fondo de sus renovadas amenazas se encuentra el reinventado argumento que intenta descalificar y criminalizar al obispo de San Marcos, Álvaro Ramazzini, quien desde el pulpito y el trabajo pastoral ha dicho que en Guatemala hace falta un nuevo código de minas para que el país no siga siendo expoliado, saqueado, que se acepte y respete el resultado de las consultas populares, y que se pronuncie en contra de los supuestos beneficios de la globalización. En ello reside el interés social, político y global de lo que ocurre en Sipakapa.
