Por la Madre Tierra, No más minerías

Habitantes de diferentes comunidades del país, manifestaron de forma pacifica, para exigir el cese a las actividades de exploración y explotación minera en Guatemala, por ser los causantes de la destrucción de la madre tierra. Por: Vía Campesina Por la defensa de la Madre Tierra, No más minerías Hombres mujeres jóvenes niños y niñas se concentraron en las principales calles de la ciudad para manifestar su repudio por la contaminación, saqueo y destrucción de la madre tierra por parte de las empresas mineras nacionales y extranjeras como, Cementos Progreso, Compañía Guatemalteca de Níquel CNG, Maya Níquel, HOLCIM, GOLD CORP, Unión FENOSA y empresa petrolera Perenco son algunas de las mencionadas por causar daños a la madre tierra y naturaleza. En el marco del día mundial de la madre tierra los manifestantes se apostaron en las principales calles de la ciudad para manifestar su repudio por la calidad de vida que llevan a consecuencia de las repercusiones negativas que dejan los megaproyectos de, minería, palma africana y caña de azúcar. Entre las repercusiones negativas señalan: Sequías, enfermedades, escasez en las cosechas, y saqueo de tierras, son algunas de las repercusiones que en la actualidad viven cientos de familias. Con consignas y pancartas se dirigieron a las embajadas de Canadá, Suiza y España en donde entregaron una carta para exigir que dichos países no financien más los proyectos mineros en Guatemala, porque estos son causantes de enfermedades muertes y persecuciones, y porque dichos proyectos son los responsables de grandes daños en el territorio guatemalteco. Asimismo, exigieron al gobierno de Guatemala atienda las recomendaciones de la organización internacional del trabajo (OIT) OIT- publicadas en el mes de febrero que dice en el caso de la sementera en San Juan Sacatepéquez, se inste al gobierno de Guatemala, que resalta se suspendan inmediatamente las actividades alegadas en tanto se lleve a cabo un diálogo con las partes involucradas y se evalúe, con la participación de los pueblos interesados, y en relación a la empresa minera con presencia en San Marcos (San Miguel Ixtahuacán y Sipakapa) insta al Gobierno a que suspenda la explotación referida hasta que se realicen los estudios contemplados en el convenio. Dim lights Embed " readonly="readonly" type="text"> Los participantes en la marcha refirieron que la tierra es vida, por ello es necesario defenderla, aunque describieron en las diferentes consignas que por la defensa del territorio varios lideres hombres y mujeres han sido asesinados. La marcha desfilo hacia la corte de constitucionalidad donde interpusieron un amparo en contra del gobierno de Guatemala, por incumplimiento de las recomendaciones dadas por la Organización Internacional del Trabajo OIT y el Contra toda forma de Discriminación Racial -CERD- de las Naciones Unidas. Entre otras demandas planteadas resaltan, el cese la persecución a líderes indígenas y campesinos, libertad para los presos políticos, respeto a las consultas comunitarias, y alto a los desalojos http://www.noalamina.org/mineria-latinoamerica/mineria-guatemala/por-la-madre-tierra-no-mas-minerias

desde Guatemala: En el día de la Tierra...

Laguna del Tigre: agua contra petróleo (I)
(Camilo Salvadó - AEC AVANCSO*)
Guatemala, 21 de abril de 2010

Durante el gobierno de la UNE, Laguna del Tigre, en San Andrés,
Petén, han sido noticia en varias ocasiones; por los violentos desalojos contra las comunidades La Florida (enero y marzo 2008), El Picudo (marzo 2008), El Vergelito (enero 2009) y Cruce Santa Amelia enero 2009), entre otras. Recientemente, por el próximo vencimiento del contrato de extracción petrolera de la transnacional PERENCO que está provocando la confrontación entre sectores que apoyan la ampliación del contrato y los que se oponen.

El sistema de lagunas, pantanos y otros cuerpos de agua que forman Laguna del Tigre, es un Área protegida de gran valor nacional y mundial. También es la segunda reserva de agua dulce más importante de América Latina (y la primera de Mesoamérica), y está incluida en el listado de humedales de importancia internacional de la Convención Ramsar, desde 1971. Al menos, esos fueron los argumentos del gobierno central, para desalojar a las comunidades campesinas, con el apoyo del Consejo de Áreas Protegidas (CONAP) y el Ministerio de Ambiente (MARN).

Sin embargo, ni la protección del ambiente, ni la importancia de las áreas protegidas frente al cambio climático, ni la crisis del agua o la crisis agroalimentaria fueron elementos tomados en cuenta por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la Secretaría General de la Presidencia (SGP) y la Comisión Nacional del Petróleo (CNP) cuando autorizaron, en febrero de este año, una prórroga de 15 años para el contrato de PERENCO, sin consultar a otros ministerios, a las organizaciones sociales, o a las comunidades que habitan la zona.

Los sectores afines a PERENCO impulsan abiertamente la prórroga del contrato. Por cierto, es uno de los puntos en que la UNE y el PP (“el principal partido de oposición”), están sospechosamente de acuerdo. Como era de esperarse, sus argumentos giran en torno a las “ganancias millonarias”, “el desarrollo de la región” y otros cuentos. También les sobran argumentos legalistas, por ejemplo que el contrato original de 1985 fue otorgado antes de la emisión de la Ley de Áreas Protegidas (1989), de la creación del Biotopo (1986) y del Parque (1990).

Por su parte, muchas organizaciones ambientalistas, campesinas, indígenas y aliadas (e incluso el Ministerio de Ambiente y la CONAP) se oponen a la renovación del contrato, con distintos argumentos que van desde las míseras regalías de 5% hasta los impactos ambientales y sociales que la extracción petrolera ha demostrado tener en estos 25 años (contaminación, deforestación, desalojos, etc.). Aunque no lo han hecho, también podrían recordar que la última renovación del contrato fue firmada en 1992, es decir, cuando ya existían la Ley de Áreas Protegidas, el Biotopo y el Parque Nacional Laguna del Tigre, lo que hace ilegal el contrato actual (Parkswatch: 2005).

Esta coyuntura pone en evidencia las divisiones internas del gobierno, demostradas en el enfrentamiento entre los ministerios de Energía y Minas y Ambiente. Para las organizaciones sociales, la coyuntura tiene un balance positivo, pues lograron generar opinión pública e identificar alianzas a futuro. Sin embargo, lo más probable es que la renovación del contrato firmado en febrero por PERENCO, El Ministerio de Energía y Minas, la Secretaría General de la Presidencia y la Comisión Nacional del Petróleo, sea finalmente aprobado por el presidente Colom, como lo ha anunciado en repetidas ocasiones (Prensa Libre 17/03/2010; La Hora 30/03/2010; Siglo Veintiuno 04/04/2010; El Periódico 05/04/2010).

La discusión, más que centrarse en este conflicto puntual entre PERENCO y sus achichincles contra las distintas organizaciones, debería enfocarse en el más amplio y urgente problema de las relaciones entre los humanos y su entorno ambiental. En el contexto del calentamiento global, el tema de las áreas protegidas tiene sin duda un lugar importante pero debe ser evaluado y replanteado a la luz de las situaciones concretas.

Las áreas protegidas, que parecían ser la solución para conservar las selvas y bosques que aún quedaban, hoy se ha convertido en una más de las formas de despojo a las comunidades campesinas e indígenas. Estas comunidades son desalojadas en nombre de la “protección ambiental”, mientras se permiten otras actividades altamente destructivas. Pero la solución tampoco pasa por eliminar las áreas protegidas (como soñaba despierto Otto Pérez en una entrevista durante las elecciones del 2007).

Las áreas protegidas son necesarias, por no solo por la conservación de la biodiversidad, la reducción del riesgo de desastres vinculados al calentamiento global, la purificación y circulación natural del agua y el aire, sino también porque ayudan a proteger al suelo de la erosión y a mantener su fertilidad, condición de importancia estratégica para la soberanía alimentaria.

Los “enemigos naturales” de las áreas protegidas no son los campesinos, sino las industrias extractivas (maderera y petrolera), la agroindustria y la ganadería. Comprender esto, es la base para impulsar un modelo distinto y alternativo de áreas protegidas, el cual no implique “protegerlas de los campesinos” -cuyas prácticas productivas pueden equilibrarse más fácilmente con la conservación ambiental- sino protegerlas de la voracidad destructiva del gran capital.

* Investigador del Área de Estudios sobre Campesinado (AEC), de la Asociación para el Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala (AVANCSO).

Ocho activistas opuestos a Unión Fenosa asesinados en seis meses en Guatemala

Martín Cúneo
Diagonal

El conflicto entre Unión Fenosa y comunidades afectadas por los altos precios y los cortes de suministro llevaron al Gobierno de Guatemala a declarar el estado de sitio en el departamento de San Marcos. Desde octubre de 2009, ocho líderes sociales destacados en la lucha por la expulsión de la multinacional han sido asesinados, cuatro de ellos en marzo de 2010. Señalan vínculos de la compañía con el narcotráfico.

El 24 de octubre de 2009, Víctor Gálvez recibió 32 impactos de bala cuando salía de la oficina donde atendía a los vecinos damnificados por DEOCSA, una de las dos filiales de Unión Fenosa en el país. El asesinato de este destacado opositor local a la eléctrica española conmovió Malacatán, un municipio situado en el departamento de San Marcos, a 250 kilómetros de la capital, cerca de la frontera con México.

El conflicto había comenzado mucho antes. La oposición a la gestión de Unión Fenosa y la lucha por la nacionalización del sector eléctrico, iniciada con su privatización en 1999, había alcanzado a finales de 2009 la dimensión de un conflicto abierto. Ya en noviembre de 2004, la Corte de Constitucionalidad guatemalteca había determinado que Unión Fenosa, a través de su filial DEOCSA, estaba realizando cobros indebidos mediante un impuesto ilegal, y que debía devolver cerca de 200 millones de euros a los usuarios. Algo que nunca hizo.

90.358 demandas

El 8 de julio de 2009, una carta de 30 organizaciones, movimientos sociales, sindicatos y partidos políticos del Estado español, con motivo de la adquisición de Unión Fenosa por parte de Gas Natural, denunciaba las prácticas habituales de la multinacional en Guatemala. Entre las irregularidades recogidas, además de la violación del dictamen de la Corte, el texto documentaba “cobros indebidos en las facturas (…), represalias de Unión Fenosa contra la población dejando sin suministro eléctrico a las comunidades que protestan por las altas tarifas y la mala calidad del servicio”. Sólo en los primeros cinco meses de 2009, la Comisión Nacional de Energía guatemalteca recibió 90.358 denuncias contra la compañía. “Las tarifas eléctricas para el consumidor final comenzaron a incrementarse de forma exponencial, y el servicio no ha dejado de empeorar. Han sido presentadas innumerables denuncias por los usuarios ante los cobros desproporcionados, los cortes de energía sin aviso previo y el abuso de autoridad de sus funcionarios ante los reclamos de las poblaciones rurales”, relata a DIAGONAL Jesús Carrión, del Observatorio de la Deuda en la Globalización.

Después de una consulta popular para exigir la salida de la filial de Unión Fenosa, numerosas comunidades del departamento de San Marcos se organizaron para no pagar las facturas de la eléctrica española. Las demandas: la expulsión de la multinacional del país, la nacionalización del sector, la creación de empresas municipales de energía y la reforma de la Ley General de Electricidad.

La respuesta de Unión Fenosa, según denuncian las organizaciones sociales, fue el corte del suministro de electricidad a partir del 15 de diciembre del año pasado. “Tras una semana sin energía, los habitantes se quedaron también sin agua, colocados ante el riesgo de enfermedades infecto-contagiosas. En los hospitales y en los centros de salud del área se perdieron alrededor de 40.000 vacunas destinadas para los niños y niñas de los municipios afectados”, relatan desde el Frente Nacional de Lucha por la Defensa de los Servicios Públicos y los Recursos Naturales (FNL). A pesar de que Unión Fenosa adujo problemas técnicos, para la prensa guatemalteca la causa del corte del fluido eléctrico en varias comunidades de San Marcos, entre ellas Malacatán, había que buscarla en los 7,5 millones de euros que los vecinos debían a la compañía: 60.000 personas llevaban un año en huelga de pago como forma de protesta por los “abusos” de Unión Fenosa.

El corte de suministro eléctrico días antes de Navidad encendió a las comunidades. Tras pasar tres días sin luz, centenares de vecinos bloquearon las rutas que comunican México con Guatemala. Se sucedieron tomas de carretera, plantones, marchas y cientos de asambleas informativas. El Gobierno de Colom no tardó en acusar al Frente de Defensa de los Recursos Naturales y Derechos de los Pueblos (FRENA), organización a la que pertenecía Víctor Gálvez antes de ser asesinado, de ser responsable de conexiones ilegales, una práctica muy común en la región. El 22 de diciembre, el presidente guatemalteco decretaba el estado de prevención en San Marcos, una especie de estado de sitio, todavía vigente, con el que quedaron suspendidas la mayoría de las libertades y derechos civiles. Hasta el momento el estado de prevención, decretado en principio para 15 días, ha sido prorrogado en seis ocasiones. “De los ocho dirigentes populares que han sido asesinados, siete lo han sido en el marco del Estado de sitio. La población no puede reunirse para articularse, porque es delito que se reúnan más de tres personas”, denuncia a DIAGONAL Roberto Madriz, de la Comisión Política del FNL. “Los sicarios del narcotráfico recorren armados las aldeas, diciéndole a la población ‘o pagan o los matamos’. Al día siguiente de que se decretara el estado de sitio, Unión Fenosa abrió oficinas justo en el edificio desde donde opera el capo del narco de la zona, en un edificio que todo el mundo sabe que es de su propiedad. Con ello, lanza un claro mensaje al pueblo”.

Mantener el negocio

Para la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA), el Estado de sitio sólo puede entenderse “como un mecanismo del Estado para resolver el ‘problema’ del servicio eléctrico en el Departamento y la posibilidad de que DEOCSA-Unión Fenosa pudiera mantener su negocio”.

El 13 de enero de 2010, Evelinda Ramírez, presidenta del Comité de FRENA en Chiquirines (Retalhuleu), volvía en coche de la capital hacia su casa, en el municipio de Ocós, en San Marcos. Durante dos días se había reunido con diferentes autoridades del Gobierno para reclamar el esclarecimiento del asesinato de Víctor Gálvez, la suspensión del estado de sitio y la expulsión de Unión Fenosa del país.

Entre los kilómetros 206 y 208 de la Carretera del Pacífico, una camioneta Ford Pick Up blanca con los vidrios polarizados interceptó el coche. Los disparos mataron a Evelinda Ramírez e hirieron a dos de sus acompañantes. También en Malacatán, era asesinado el 29 de enero Pedro García, miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de la Municipalidad y activista por la nacionalización de la energía en su pueblo, San Pablo. Pocos días atrás, García había denunciado irregularidades cometidas por el Consejo Municipal de Malacatán.

La historia se repite

Un final parecido le esperaba a Octavio Roblero, católico de base, integrante del FRENA, del FNL y uno de los principales líderes de San Marcos en la lucha por la nacionalización del sector energético y la expulsión de Unión Fenosa. El asesinato de su cuñado, Víctor Gálvez, y las amenazas de muerte recibidas, le llevaron a presentar un recurso de protección a la Corte Suprema el 20 de enero. En la tarde del 17 de febrero, mientras Roblero cerraba la puerta de su negocio en la estación de autobuses de Malacatán, fue acribillado por desconocidos desde un coche. Este cuarto asesinato volvió a trascender las fronteras de Guatemala.

El 21 de febrero, una nueva carta de 50 organizaciones, sindicatos y partidos españoles fue enviada a los presidentes Álvaro Colom y Rodríguez Zapatero, a los directivos de Unión Fenosa-Gas Natural y a los principales accionistas de la eléctrica, La Caixa y Repsol. El documento señalaba que estos asesinatos se debían a la “actividad social” de las víctimas y a “su lucha contra los apagones y los cobros excesivos de DEOCSA”, así como “al intento de silenciar la actividad de los movimientos sociales y de los defensores de los derechos humanos”.

Al mismo tiempo, la carta apuntaba a “la responsabilidad del Gobierno español en la impunidad de estos asesinatos” ya que ante estas denuncias “no ha puesto en marcha todas las medidas diplomáticas y políticas necesarias para esclarecer y frenar esta situación”. Exactamente un mes después de la difusión de la carta, el 21 de marzo, tres líderes comunitarios eran “salvajemente asesinados a bala y machete” en el municipio de Ocós, en el departamento de San Marcos, según un comunicado conjunto del FNL, Plataforma Agraria y la organización ecologista Ceiba. Carlos Noel Maldonado Barrios, de 60 años, Leandro Maldonado, de 78 años y Ana María Lorenzo Escobar, de 40 años, habían dedicado su activismo a la expulsión de Unión Fenosa del país y al derecho de las comunidades al libre acceso al agua potable.

Intervención del Ejército

Al día siguiente, en la cercana aldea de Las Brisas, también en San Marcos, el activista Santiago Gamboa era asesinado por “balas del Ejército”, según el FNL. Gamboa era dirigente del Comité de Vecinos en lucha por la nacionalización de la energía eléctrica en la comunidad de Santo Domingo. Aquel día por la mañana, según el mismo comunicado, diez empleados de una subcontrata de Unión Fenosa habían acudido a desconectar el fluido eléctrico. La reacción de la comunidad fue retenerlos y denunciar el hecho a las autoridades. El Gobierno envió 250 soldados para “rescatar a las personas secuestradas por una turba”. Los soldados abrieron fuego contra los manifestantes. Además de Gamboa, que murió en el acto, otros seis vecinos fueron alcanzados por las balas de los soldados.

El operativo del Ejército en Las Brisas fue seguido, según denuncia el FNL, por la persecución de líderes sociales: “Cubiertos con el argumento de que se trata de acciones contra el narcotráfico, han allanado las viviendas de los dirigentes locales del movimiento contra Unión Fenosa, han inundado las calles con tropas amedrentadoras, han creado una situación de terror entre la población”. La organización de derechos humanos UDEFEGUA señala la complicidad entre la multinacional, el Estado y el crimen organizado: “Es inaceptable que en pleno Estado de excepción implantado por el Gobierno para proteger los intereses de una transnacional que roba y viola la ley, las bandas de criminales, al servicio del narcotráfico, del Gobierno y de Unión Fenosa, actúen con total impunidad”.

“La Policía y el Ejército han jugado el papel de matones armados al servicio de Unión Fenosa”, sostiene Roberto Madriz, del FNL. Sin embargo, admite que hasta ahora no hay pruebas que valgan ante un tribunal: “No existe ninguna evidencia que pruebe la complicidad de Unión Fenosa en la ola de asesinatos de dirigentes que se le oponen. Pero ante la ausencia de evidencia que apunte en cualquier otra dirección, no puede tampoco descartarse como sospechosa. De hecho, no hay nadie, en absoluto, implicado como autor material o intelectual. La más absoluta impunidad rodea cada uno de estos hechos”.

Historia de una privatización

JESÚS CARRIÓN (ODG)

Unión Fenosa desembarca en Guatemala a raíz del proceso de privatización que se impulsó por recomendación expresa del Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en la década de los ‘90. Aduciendo falta de competencia en el sector, recomendaron fraccionar la generación, el transporte, la distribución y consumo final de la energía eléctrica, para que existiera competencia. Pero el resultado de dicha apertura ha sido que la distribución en el país ha quedado en manos de dos empresas españolas: Unión Fenosa e Iberdrola. Para evitar ser acusada de monopolio, Unión Fenosa creó dos empresas: DEOCSA se encargaría de la parte occidental y DEORSA de la parte oriental, cubriendo 20 de los 22 departamentos de Guatemala. En Nicaragua actuó de la misma forma creando DISNORTE y DISSUR. Coincidiendo con la entrada de las transnacionales españolas en Centroamérica, los diferentes Gobiernos españoles han utilizado créditos FAD que contabilizan en parte como Ayuda Oficial al Desarrollo para financiar infraestructuras eléctricas que han favorecido a dichas compañías.

Las organizaciones de defensa de los servicios públicos critican el carácter fraudulento de la privatización, a un valor claramente inferior al tasado. La compra contó con el visto bueno de los miembros de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica, quienes luego fueron destituidos por la Corte Superior por abuso de poderes en el ejercicio de sus funciones.

La multinacional con sangre entra

Dentro de la dinámica de persecución sindical ejercida por Unión Fenosa, en Colombia han sido documentados hasta la fecha los asesinatos de 27 sindicalistas en el proceso de privatización de las empresas de servicios públicos eléctricos en la Costa Caribe.

Por otra parte, también se tienen documentadas las muertes de 150 personas electrocutadas en Colombia por la negligente política de mantenimiento de redes de distribución eléctrica de Unión Fenosa. Por la misma razón, se tienen registrados casos en Nicaragua. Unión Fenosa no tiene la exclusividad en esta materia. En el informe de Amnistía Internacional de 2004 Un laboratorio de guerra: represión y violencia en Arauca (Colombia) se acusa a Repsol-YPF y a la empresa estadounidense Oxy de no respetar los derechos humanos, al facilitar ayuda financiera a unidades militares del ejército colombiano “con vínculos probados” con los grupos paramilitares en el departamento de Arauca, la región más militarizada de Colombia, donde se cometen “abusos y violaciones de los derechos humanos por parte de las Fuerzas de Seguridad, los paramilitares y la guerrilla”. Estos hechos fueron suficientemente documentados en las sesiones del Tribunal Permanente de los Pueblos: Empresas Transnacionales y Derechos de los Pueblos en Colombia, 2006 - 2008 y en la sesión de Lima en mayo de 2008.

Fuente: http://www.diagonalperiodico.net/Ocho-activistas-opuestos-a-Union.html

¿Por qué oponerse a la minería de metales? (III)

Camilo Salvadó, AVANCSO(*)

Razones políticas

Al tomar posición a favor o en contra de la minería de
metales, generalmente se hace desde la economía o la
ecología. Otro punto de vista aún no explorado a fondo, es
político. Con ello no nos referimos a la ideología del
gobierno de turno, pues desde los abiertamente neoliberales
PAN, GANA), hasta los que navegaron bajo otras banderas (DCG,
FRG, UNE) han dado su apoyo abierto o velado a la minería y
han usado –con distintos matices-el discurso de la misma
como “motor del desarrollo”.

El gobierno actual no llega al extremo neoliberal de negar
los impactos ambientales de la explotación minera. Sin
embargo, al sostener que éstos pueden minimizarse, oculta el
hecho de que no se deben a “errores” o “excesos” de las
empresas, sino son parte del proceso normal de la extracción
minera.

Parece que al gobierno sólo le importan las necesidades de
las empresas pero no de las comunidades impactadas o
amenazadas por las actividades extractivas. Solo así se
explica que la transnacional Goldcorp (dueña de Montana
Exploradora y de la mina Marlin) pueda proseguir con sus
actividades, pagando el mismo 1% de regalías, pese los
señalamientos de comunidades, organizaciones y del mismo
Ministerio de Ambiente sobre los negativos impactos
ambientales y económicos.

Los apóstoles del “libre mercado”, la “creación de empleos” y
el “efecto derrame”, seguro sintieron mucha “seguridad para
la inversión” cuando personal de la mina Marlin impidió el
acceso al Alcalde de Sipakapa, quién pretendía tomar muestras
del agua de la represa de colas (Prensa Libre 17/03/08), o
cuando el Ministerio de Ambiente fue obligado a dar marcha
atrás en sus acciones por el ingreso de cianuro libre de
impuestos y controles ambientales (Prensa Libre, 30/06/09).

Como era de esperarse, frente a las consultas comunitarias en
contra de la extracción minera y petrolera, mega
hidroeléctricas y otras actividades similares, el gobierno
actual adoptó la misma posición que el anterior. Al igual que
la GANA, la UNE no hareconocido la validez ni ha acatado los
resultados de las 24 consultas comunitarias realizadas
durante su gestión, y replica el discurso de la “oposición al
desarrollo”, los “indígenas manipulados” y la
“ingobernabilidad”.

Pero las consultas comunitarias no pueden ni deben verse solo
bajo ese lente. Más bien debemos preguntarnos: si realmente
vivimos en una democracia (débil e insuficiente, pero
democracia al fin) ¿por qué no se han respetado los
resultados de las 51 consultas comunitarias realizadas desde
el año 2005? ¿Será que más de medio millón de votos (600,800)
en contra de la minería y los megaproyectos no tienen ningún
valor ni peso político? ¿Acaso la democracia y las votaciones
solo importan en temporada electoral pero no cuentan en el
día a día?

El tema de las consultas comunitarias también se relaciona
con el controvertido Convenio 169 de la OIT sobre derechos de
los pueblos indígenas y tribales. Este convenio, firmado por
el gobierno del neoliberal PAN, en 1996 (solo para aprobar un
año después la actual Ley de Minería) obliga, entre otras
cosas, al gobierno y a las empresas, a informar y consultar a
las comunidades antes de conceder las concesiones y de
iniciar los proyectos, lo cual nunca se ha cumplido.

Dado que el Convenio 169 establece procesos de información y
consulta previa a las comunidades, y que las consultas
comunitarias se han celebrado muchas veces después de la
concesión de los proyectos, algunos analistas han argumentado
que las consultas no solo serían ilegales sino además
violarían ellas mismas el mencionado convenio (Siglo XXI
25/09/09), argumento que no solo resulta claramente
interesado, sino incluso absurdo.

Primero, las consultas comunitarias celebradas son una forma
de protesta pacífica, contra la violación de derechos humanos
contenidos o no en el mencionado convenio. En ese sentido,
varios relatores de la ONU han señalado claramente la
extracción minera como causa de graves violaciones a los
derechos y libertades específicos de los pueblos indígenas, y
de los campesinos en general (por ejemplo, el derecho a la
alimentación y a la tierra).

Segundo, las consultas definidas en el Convenio 169 no se
parecen a los desayunos con video publicitario incluido
practicados por las empresas. Por el contrario, las consultas
a las comunidades deben llevarse a cabo, “de acuerdo a sus
propias costumbres y tradiciones, de forma participativa y
libre” (artículo 6). Las consultas realizadas por las
comunidades son una muestra evidente y vida de dichas
“costumbres y tradiciones”; es decir, son la forma en que se
han tomado decisiones comunitarias importantes desde hace
siglos.

Tercero, es cierto que las consultas comunitarias han
invocado el Convenio 169 (con excepción de Río Hondo,
mayoritariamente mestizo), pero también se basan en artículos
vigentes de la Constitución Política, el Código Municipal y
la Ley de Descentralización. Más allá del tema legal, existe
la obligación moral de respetar los resultados de estos
procesos comunitarios de diálogo, consenso y toma de
decisiones.

Por último, con o sin Convenio 169, con o sin reglamento o
ley específica para su aplicación, las consultas comunitarias
deben entenderse y acatarse como formas válidas, democráticas
y pacíficas de resistencia, y como un claro mensaje al
gobierno, las empresas y la sociedad: “NO QUEREMOS
MEGAPROYECTOS EN NUESTROS TERRITORIOS” ¿Es
acaso un mensaje tan difícil de entender?

Guatemala, 19 de enero del 2010.

(*) Investigador de la Asociación para el Avance de las
Ciencias Sociales -AVANCSO-, Guatemala. El artículo fue
Editorial del Noticierto Maya K'at de la Federación
Guatemalteca de Educación Radiofónica -FGER-del 19 de enero
del 2009 www.fger.org

Reserva Maya en peligro. Guatemala

RENACE

RED NACIONAL DE ACCION ECOLOGISTA DE LA ARGENTINA

9 de abril 2010

SOLIDARIZAMOS CON LOS HERMANOS GUATEMALTECOS

EN SU DEFENSA DEL CORAZÓN

DE LA RESERVA DE BIOSFERA MAYA

AMENAZADA POR LA EXPLOTACIÓN PETROLERA

Ud. puede participar

Guatemala está a punto de perder una de sus áreas protegidas más importantes: el Parque Nacional Laguna del Tigre, zona núcleo de la Reserva de la Biósfera Maya, por la prórroga ilegal de un contrato que permitiría la continuación y el crecimiento de la explotación de petróleo que ha dañado ya gravemente al humedal más importante de Mesoamérica.

La Reserva de la Biósfera Maya está protegida por una serie de leyes, varias de ellas regulan específicamente sobre Laguna del Tigre. Pero debido al poco peso que tienen las instituciones que deben asegurar el cumplimiento de estas leyes, en estos momentos se está negociando al más alto nivel la prórroga del contrato 2-85 implicando la pérdida de sus importantes ecosistemas, productores y reservorios de agua y de muchísimos otros beneficios ambientales, de trascendencia planetaria, por ello Laguna del Tigre fue declarada como humedal de importancia internacional en la convención Ramsar.

http://ecopinion.saviaguate.org/?q=laguna-del-tigre

Puede Ud. ingresar, ver el video y enviar su nota. Agradeceremos su apoyo enviando cartas a las autoridades gubernamentales para que atiendan la petición de la sociedad civil de cancelar dicho contrato, por atentar y ser lesivo para los intereses y bienes públicos del Estado de Guatemala.

Necesitamos tu apoyo para defender el

Parque Nacional Laguna del Tigre en la

Reserva de Biosfera Maya de la explotación petrolera.

http://ecopinion.saviaguate.org/?q=laguna-del-tigre

CONTACTO: CALAS, Yuri Melini

www.calas.org.gt (502) 24744545

direccion@calas.org.gt

cambien@turbonett.com

heraldoe@yahoo.com

RENACE, Red Nacional de Acción Ecologista de la Argentina

www.renace.net