Denuncian contaminación del lago de Güija por minera guatemalteca

Los ambientalistas se muestran preocupados por los niveles de contaminación generados en la mina Cerro Blanco ubicada en la zona fronteriza entre El Salvador y Guatemala. Un estudio realizado en fuentes hídricas de la zona y que desembocan en el Lago de Güija han demostrado altos niveles de metales pesados, dañinos para la salud de los salvadoreños.

Una empresa minera de Guatemala estaría vertiendo químicos altamente venenosos en aguas del Lago Güija, compartido entre el vecino país y El Salvador, lo que podría ocasionar graves daños a principales fuentes hídricas nacionales.

Representantes  del Centro de Investigaciones sobre la Inversión y Comercio (Ceicom) afirman  que analizaron las aguas vertidas por la mina en la quebrada el pedregal del río Ostúa que desemboca en el Lago Güija  y encontraron altas concentraciones de cianuro, mercurio, arsénico, plomo -entre otros metales pesados- los cuales están directamente relacionados con afecciones como el cáncer, insuficiencia renal, enfermedades del sistema nervioso central y alteraciones genéticas.

La minería metálica es un proceso mediante el cual empresas extraen metales de la corteza terrestre, principalmente oro y plata a través del uso por ejemplo, de cianuro (una sustancia química que separa los metales de otros minerales no valiosos). Esta es una industria que genera millones de dólares en ganancias, pero graves daños medioambientales y según los expertos en el tema, dicha práctica provoca  daños irrevertibles en la salud e incluso la muerte en los habitantes de los alrededores de los proyectos mineros.

Exploración minera

En El Salvador, no existen proyectos de explotación minera, pero según el Ministerio de Medio Ambiente, sectores interesados han presentado 27 solicitudes para tal actividad. las cuales aún no han sido resueltas.

Cerro Blanco es una mina ubicada en la franja fronteriza entre El Salvador y Guatemala, específicamente en Asunción Mita, departamento de Jutiapa del vecino país.

Cidia Cortés, bióloga e investigadora del Centro de Investigaciones sobre la Inversión y Comercio (Ceicom de El Salvador), ha dado seguimiento al tema de la extracción minera en Guatemala.

Según el estudio realizado en marzo de 2012 en la mina de Cerro Blanco, nuestro país está frente a una gran amenaza por la contaminación con “Drenaje Ácido” -concentración de químicos y metales pesados en las aguas del Lago Güija-, compartido entre El Salvador y Guatemala, y uno de los principales afluentes del Rio Lempa.

“Las aguas contaminadas se están llegando a El Salvador a través del Lago Güija, lo que puede provocar grandes afectaciones a los mantos acuíferos que son usados para abastecer agua potable a la ciudadanía y a largo plazo causar afectaciones en la salud de los salvadoreños”, reiteró Cortés.

Contaminación

Cortés afirmó que una de las preocupaciones de las organizaciones ambientalistas de Guatemala y El Salvador, es que los estudios presentados  por la empresa Entre Mares S.A (administradora de la Mina Cerro Blanco) a las autoridades guatemaltecas,  no detallan la cantidad de químicos ni la cantidad de agua que se estará utilizando para la extracción minera y no se refleja el tipo de tratamiento de las aguas residuales, antes de ser lanzadas a la quebrada El Pedregal.

La ambientalista detalló que según las estimaciones de la compañía minera, tienen estimado extraer en un periodo de 15 años un millón 579 mil 959 onzas de oro y cuatro millones, 486 mil  632 onzas de plata, equivalentes a 2,800 millones de dólares.

“Para la extracción minera usan 10 galones de agua por segundo, hay que imaginar, esos 10 galones por  horas, días, meses y años, cuando agua estarán usando para obtener el oro y la plata”, lamentó Cortés.

Contra la minería

Por su parte, Octavio Gasparico, ambientalista residente en las cercanías de la Mina Cerro Blanco en Guatemala, recomendó a las autoridades de su país y de El Salvador, realizar un pacto binacional contra la minería transfronteriza y con ellos garantizar que los salvadoreños no se vean afectados por la contaminación generada por éste rubro económico.

“Nosotros estamos haciendo nuestra propia lucha con las autoridades guatemaltecas, aquí en El Salvador deben hacer la lucha contra la contaminación del agua y los recursos naturales compartidos y evitar que los mantos acuíferos sigan siendo dañados como está sucediendo en Guatemala”, reiteró.

El ambientalista guatemalteco insistió que están haciendo esfuerzos en toda Centroamérica para evitar más proyectos mineros. En el caso de Guatemala existen siete sitios donde se realizan estudios de exploración minera  y en Honduras 42 propuestas para extraer oro y plata.

Legislación 

Edgardo Mira forma parte del Consejo de Directores de Ceicom e insistió en la necesidad de la aprobación de una ley que prohíba la minería metálica en el país. El llamado es para los diputados que toman sus cargos el próximo primero de mayo, que retomen la discusión del tema y se comprometan a favor de los recursos naturales y la salud del pueblo salvadoreño.

“Los diputados deben asumir su responsabilidad política en el tema y que la gente conozca sus intenciones al respecto”, reiteró

Mira afirmó que ven con buenos ojos que el Presidente Funes haya expresado que no habrá proyectos mineros en su gobierno, aunque solicitó que esa voluntad política en contra de la minería se convierta en una solución definitiva al problema a través de una ley.

DIARIO LA PÁGINA intentó por distintos medios contactar a diputados de la Comisión de Medio Ambiente de la Asamblea Legislativa y a funcionarios de Cancillería y Medio Ambiente, pero no fue posible obtener sus declaraciones al cierre de esta nota.

http://www.lapagina.com.sv/nacionales/65662/2012/04/27/Denuncian-contaminacion-del-lago-de-Guija-por-minera-guatemalteca

Vecinos de Quetzaltenango rechazan la minería

Miles de manifestantes del departamento de Quetzaltenango pidieron a la Gobernación Departamental que ya no ceda más concesiones.

La caminata culminó en el parque central de la cabecera departamental de Quetzaltenango. Foto Yulisa De León/al día

Quetzaltenango. Más de 10 mil personas de 11 municipios del departamento altense, se unieron para realizar una marcha pacífica y para pedir que ya no otorguen más licencias a Minerías e Hidroeléctricas que afectan el medio ambiente y la salud de los pobladores.

El recorrido inició a las 9 horas de ayer jueves, desde la entrada de la aldea Duraznales, en el kilómetro 212, de la ruta Interamericana, donde miles de personas caminaron por 13 kilómetros hasta llegar al parque central de la cabecera departamental de Quetzaltenango.

Los manifestantes indicaron que “con orgullo” defienden lo que le pertenece a los pobladores de Huitán, Cabricán, Cajolá, Olintepeque, Concepción Chiquirichapa, San Martín Sacatepéquez, San Francisco la Unión, Cantel, San Miguel Siguila, San Juan Ostuncalco y Colomba.

Con carteles y mantas los vecinos manifestaron su inconformidad contra el Ministerio de Energías y Minas, que sigue dando licencias a minerías e hidroeléctricas.

Después de tres horas concluyó la marcha en el parque Centro América, de la zona 1 quetzalteca, que originó congestionamientos en varios puntos de esa ciudad.

El Consejo Comunitario de Desarrollo (Cocode) de Olintepeque, manifestó su inconformidad con las autorizaciones que dan a los empresarios para que coloquen minerías en una manta indicaba: “Esta es una forma de unirnos y no nos daremos por vencidos, nuestra tierra nos da vida sin ella morimos”.

Al principio el propósito de la caminata era que se unieran la mayoría de la población Mam, pero en el trascurso de la misma se unieron miembros Kakchiqueles y Quichés.

Las peticiones que se leyeron con un altoparlante frente a la gobernadora Dora Alcahe, a quien le solicitaron que se cancelen todas las licencias que fueron dadas y que están por entregarse.

Además, pidieron que la Academia de la Policía sea instalada en el Centro Intercultural, antigua zona militar, pues no lo consideran oportuno teniendo otras prioridades que superan a la seguridad de la población guatemalteca.

Con información de Yulisa De León/al día

http://www.s21.com.gt/guatemala/2012/04/27/vecinos-quetzaltenango-rechazan-mineria

Campesinos rechazan mineras

Más de tres mil vecinos de la comunidad mam, que incluye ocho municipios de Quetzaltenango, con el apoyo de vecinos de San Marcos, realizaron ayer una marcha pacífica denominada “Caminata por la defensa de la vida, el agua y la madre Tierra”, a fin de exigirle al Gobierno el cese de licencias para minería e hidroeléctricas, que aseguran dañan el medioambiente.

Quetzaltenango

La actividad, que recorrió 10 kilómetros, desde la aldea Duraznales, Concepción Chiquirichapa, Quetzaltenango, hasta la Gobernación Departamental, en la zona 1 de Xelajú, culminó sin ninguna eventualidad, aunque generó atascos vehiculares y molestias en vecinos quetzaltecos.

Antonio Gómez, del Consejo de Pueblos de Occidente, dijo que la petición de las comunidades es que el Gobierno no extienda licencias de exploración y explotación de minería ni para construcción de hidroeléctricas. “Estamos cansados de que no nos escuchen”, expresó.

Los manifestantes gritaban consignas de rechazo porque los megaproyectos han originado conflictos entre ellos y empresas transnacionales, como en San Martín Sacatepéquez, en donde se está instalando la hidroeléctrica Talcanac, S.A., que, afirman, perjudicará una extensa área boscosa.

A las demandas se unieron vecinos de Cantel, por los problemas que han tenido por la construcción de la hidroeléctrica Cueva María, de la empresa Recursos Energéticos Pasac, S.A., ya que aseguran que está destruyendo sus recursos naturales y puentes principales, además de no haber cumplido acuerdos con las comunidades.

Según José Ramírez, de la Comisión Municipal para la Defensa del Territorio de Olintepeque, las autoridades gubernamentales no han respetado las ocho consultas que se han celebrado contra la minería.

Arturo Alonzo, alcalde de San Juan Ostuncalco, dijo que se unió a la marcha porque la población mam no es oída.

Los dirigentes entregaron sus peticiones a la gobernadora Dora Alcahé, y la protesta culminó en el parque central de Xela.

http://www.prensalibre.com/quetzaltenango/Campesinos-rechazan-mineras_0_689931043.html

Presentación documental: "Lecciones para una guerra"

Juan Manuel Sepúlveda · FRAGUA CINE
www.fraguacine.com 

LECCIONES PARA UNA GUERRA

(97min., Ixil y Quiché con subtitulos en Español.)

Entre 1982 y 1996, pueblos Ixiles y Quichés del norte de Guatemala resistieron refugiados en las montañas como último recurso para sobrevivir a las masacres ejecutadas por el ejército guatemalteco que costaron la vida a más de doscientos mil indígenas.

Luego de esos catorce años, las comunidades lograron establecerse en la parte nororiental de laSierra, zona que actualmente está bajo asedio dada su riqueza en recursos naturales.

LECCIONES PARA UNA GUERRA es una celebración de la resistencia de un pueblo que se prepara para resistir a una guerra venidera. El canto de esperanzade una comunidad que no se dará por vencida.

VER TRAILER: http://vimeo.com/37777322

Fotorreportaje: El Legado de Goldcorp: Criminalización y Resistencia Minera en San Rafael Las Flores

Compañeras y Compañeros,

En esta ocasión comparto con ustedes un fotorreportaje documentando la ejemplar resistencia que se está llevando a cabo en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, Guatemala, contra el proyecto minero de plata El Escobal. La mina pertenece a las compañías mineras canadienses Tahoe Resources y Goldcorp.

Para ver el fotorreportaje:

http://www.mimundo-fotorreportajes.org/

Favor de contactarme si hay interés de apoyar o publicar este o cualquier otro proceso anteriormente documentado por MiMundo.org.

Como siempre, se pide que por favor se distribuya este correo a quien le pueda interesar.

Saludos,

-James Rodríguez

www.mimundo.org

Grupos antimineros exigen aumento a fianza de mina Marlin

Movimiento anti minero M4, de comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San Marcos, se pronunciaron a favor de la petición de acciones de Goldcorp de aumentar la fianza de garantía de mina Marilin.

Pobladores piden la cancelación de licencias de exploración y explotación minera. (Foto Prensa Libre: Archivo)

CIUDAD DE GUATEMALA - Según los activistas la fianza fijada actualmente en US$1 millón debería ser de almenos US$49 mil, a fin de cubrir los daños al ambiente y la salud de la población, pues aseguran que varias personas han muerto de cáncer y otras enfermedades derivadas de sus desechos tóxicos.

De esta cuenta exigieron la aprobación de la Ley C323 del Gobierno canadiense, la cual establece que ciudadanos extranjeros puedan demandar a sus empresas mineras en las cortes de ese país, por violación a los derechos humanos.

También se exhortó a los movimientos sociales sudamericanos a establecer bases para constituir alianzas en el continente contra el modelo extractivo minero.

El movimiento anunció que expondrán la problemática en la Cumbre de los Pueblos a celebrarse en Colombia en junio.

*Con información de Alex Rojas

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Grupos-antimineros-aumento-mina-Marlin_0_688731301.html?print=1

Ministerio de Energía y Minas no ha otorgado licencia a mina Joaquina

La empresa Exploraciones Mineras de Centro América, S.A., pertenece a la familia Ávalos Austria, que tiene decenas de licencias mineras en Guatemala.



Ministerio de Energía y Minas informó que mina Joaquina no cuenta con licencia para operar, y que la visita que tenían programada junto a técnicos del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales se suspendió por los hechos suscitados entre pobladores y personal de la mina Progreso VII Derivado (el Tambor) donde un grupo de personas detuvo a trabajadores de la mina.



CIUDAD DE GUATEMALA - En el informe técnico de la solicitud de licencia que realizó la mina Joaquina, el Ministerio de Energía y Minas indica que no ha otorgado la licencia respectiva al proyecto, y al no existir un derecho minero vigente, el ministerio no tiene jurisdicción para ingresar al lugar donde opera la mina.
La solicitud de la licencia de la ampliación del proyecto minero el Sastre Número dos reconocido geográficamente como mina Joaquina fue presentada el 30 de mayo del año 2008 por la entidad Exploraciones Mineras de Centro América, S.A, según expediente SEXT-20-08.
Este proyecto minero abarca una extensión de ocho kilómetros y se ubica entre los municipios de San José del Golfo del departamento de Guatemala, y en San Antonio la paz municipio del departamento del Progreso.
“Estamos presentes para dar cumplimiento a un acuerdo prestablecido con los ministerios, nuestro objetivo era visitar el proyecto minero Joaquina, pero él ministerio informa que no hay acto legal para la explotación, pero pobladores indican que hay explotación minera”, expresó el diputado Carlos Mejía.
José Cruz, del colectivo Madre Selva, indicó se había citado para hacer una inspección en la mina Joaaquina, pero los ministerios argumentaron que por razones de seguridad no se presentaron, esto demuestra que la actividad minera que esta promoviendo el gobierno y los anteriores se está haciendo de manera ilegal, aseveró.


Identificación
(Datos recibidos de la SAT el: 07.abr.2011 08:48:21)
Nombre o razón social: EXPLORACIONES MINERAS DE CENTRO AMERICA SOCIEDAD ANONIMA
Número de Identificación Tributaria (NIT): 12772240
Nombre comercial 1: GREENROCK




Domicilio Fiscal
(Datos recibidos de la SAT el: 07.abr.2011 08:48:21)
Departamento: GUATEMALA
Municipio: MIXCO
Dirección: BOULEVAR BOSQUES SAN NICOLAS 24-53 Z.4 C.C. PLAZA EL NARANJO, LOCA 32
Teléfonos: [--No Especificado--]
Números de fax: [--No Especificado--]






Representantes legales
(Datos recibidos de la SAT el: 07.abr.2011 08:48:21)
Representante legal 1: PEREZ,FERNANDEZ,,JULIO,ROBERTO
Representante legal 2: PERUSINA,MENDEZ,LEMUS,JANIA,SUSEL






Datos de inscripción
(Datos recibidos de la SAT el: 07.abr.2011 08:48:21)
Tipo de organización: SOCIEDAD ANÓNIMA
Número de escritura de constitución: 32
Fecha de constitución: 20.may.1998
Inscripción PROVISIONAL en el Registro Mercantil: 26.may.1998
Inscripción DEFINITIVA en el Registro Mercantil: 08.jul.1998
Inscripción en la SAT: 26.may.1998

http://www.prensalibre.com/noticias/politica/Guatemala-mineria-manifestacion_0_680932178.html 

Mina Joaquina carece de licencia para operar

La mina Joaquina pertenece a la empresa Rocas Bridge, S.A., ligada a la licencia minera Bridge. Su presidente, José Lemus Aval, está asociado con la familia Ávalos Austria, quienes manejan el otro proyecto minero en San Antonio La Paz, en El Progreso, denominado El Sastre, y donde han estado involucradas varias mineras canadienses.

Abajo verán datos de la empresa.

Los ministerios de Energía y de Ambiente informaron que la mina Joaquina no cuenta con licencia para trabajar, lo que no les permite ingresar en la planta, ubicada entre San José del Golfo, Guatemala, y San Antonio La Paz, El Progreso

POR ÓSCAR GARCÍA

Los últimos incidentes entre pobladores y personal de la mina El Tambor fueron la justificación para suspender ayer una visita técnica de los ministros y del legislador Carlos Mejía.

“Si están explotando, y si se confirma, es un acto ilegal, y nosotros, en nuestra actividad de fiscalización, vamos a promover acciones para esclarecer y suspender eso, porque no tienen licencia”, aseguró Mejía.

“Esta mina no tiene licencia, por lo que vamos a presentar la denuncia en el Ministerio Público, por el desarrollo ilegal de actividades mineras, y en contra del Ministerio de Energía, porque incumple sus responsabilidades”, señaló José Cruz, del colectivo Madre Selva.

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Mina-Joaquina-carece-licencia-operar_0_681531865.html

Tratan de evitar inicio de actividades de minera

Selvin Morales, exdirector general de Minería, funge como presidente de servicios mineros de Exmingua. 

Vecinos de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo (Guatemala) llevan ya 39 días pernoctando frente al acceso al proyecto minero El Tambor (Progreso 7 Derivada), ubicada en el límite entre ambos municipios, con el objetivo de evitar el inicio de los trabajos de extracción de oro por parte de Exploraciones Mineras de Guatemala (Exmingua).

 

La extracción de este metal precioso será posible gracias a una licencia de explotación otorgada el 23 de noviembre de 2011 por el Ministerio de Energía y Minas (MEM), la última licencia que otorgó el gobierno de Álvaro Colom. 

 

Selvin Morales, que fungió como director general de Minería del MEM hasta finales de 2010, ocupa actualmente el puesto presidente de servicios mineros de Exmingua. Esta empresa, subsidiaria de la canadiense Radious Gold Group en asociación a la estadounidense Kappes Cassiday and Associates (KCA), podría extraer hasta 456 mil toneladas de oro, según el estudio de impacto ambiental. 

 

“Estamos haciendo los trabajos de preparación del terreno, pero todavía no sabemos cuándo comenzaremos”, dijo Morales al respecto. Añadió que no utilizarán cianuro ni mercurio y que realizarán todas las medidas de mitigación ambiental. 

 

Sin embargo, para los pobladores de estos dos municipios el principal problema es la carestía de agua a la que llevará la perforación de ocho pozos que tiene previsto este proyecto. “Aquí empieza el corredor seco, a nuestra aldea llega agua cada dos días y nos van a dejar sin agua y se van a morir las vacas”, explicó José Nery,de la aldea Garibaldi, San José del Golfo. Este indicó además que la empresa construyó un túnel subterráneo cuando todavía no contaba con la licencia de explotación. La construcción de este túnel figura en la página web de la minera canadiense. 

 

Minera denunciará retención en el MP

 

El martes en la madrugada, este grupo de cerca de 200 pobladores, retuvo a 2 agentes de seguridad de Exmingua cuando se preparaban para realizar el relevo. La retención, según el manifestante Juan José Barrientos, fue motivada para exigir que se realice una consulta comunitaria. Los 2 agentes de seguridad fueron puestos en libertad 8 horas después. 

 

Selvin Morales dijo que iniciarán acciones legales. “Vamos a hacer las transacciones necesarias, vamos a presentar las denuncias ante el MP. Estamos buscando la no confrontación y consideramos que el Gobierno de Guatemala haga valer el Estado de Derecho”, afirmó.

http://www.elperiodico.com.gt/es/20120411/pais/210629/ 

Pobladores continúan con bloqueo en entrada a mina de oro y plata

Un grupo de vecinos de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo cumplen 39 días de bloquear el acceso principal a la mina Progreso 4, de exploración de oro y plata ubicada en los límites de ambos municipios.

SAN JOSÉ DEL GOLFO - Desde el 2 de marzo pasado, un grupo de vecinos bloqueó el acceso principal a la mina Progreso 4 y las actividades se suspendieron hasta la fecha. 

Según los manifestantes, permanecerán por tiempo indefinido y han empezado a construir refugios para la lluvia, en caso de prolongarse la ocupación. 

Los pobladores esperan se realice una consulta popular para despejar la vía de acceso a la mina que se encuentra en fase de exploración, la cuál se programó para abril, aunque no hay todavía fecha.

Para el jueves próximo se anunció la visita de representantes del Ministerio de Ambiente y Energía y Minas a la mina Joaquina, en San José del Golfo, para supervisar los trabajos y se espera que en esta visita, las autoridades puedan atender las peticiones de los manifestantes.

http://www.prensalibre.com/noticias/comunitario/Guatemala-Mineria-San_Jose_del_Golfo-Protesta_0_679132336.html

Implicaciones socio-ambientales de la minería en América Central

La minería es uno de los sectores económicos más contaminantes e impactantes en el mundo, no sólo por sus métodos de extracción que cada vez son más agresivos por conseguir mayores ganancias en menor tiempo, sino también por las consecuencias de corto, mediano y largo plazo que afectan los recursos agua, suelo y aire, condenando la vida de las especies naturales y las comunidades en las que se insertan los proyectos mineros.
La actual crisis mundial y la desestabilización económica que ha dejado la devaluación del dólar, ha provocado que los inversionistas pongan sus ojos en el antiguo y más codiciado activo del mundo, el oro, cuyo precio tenía un valor de $250/onza troy para el año 2000, y ha aumentando de manera estrepitosa, alcanzando un valor de $1 750/onza troy para el 2011. La reincidente búsqueda del oro y la visión política de los gobiernos de la Región Centroamericana, quienes han abierto sus puertas a la inversión extranjera a ojos cerrados, han dejado vulnerables a sus recursos naturales en la búsqueda de un rápido “desarrollo” que al final nunca llega. Las empresas mineras, el 60% de las cuales son de capital canadiense, trabajan bajo la lógica de aprovechamiento máximo, a bajo costo y corto tiempo, condiciones que son aún más ventajosas sí, en el sitio donde se instalan, se pagan mínimos ingresos tributarios y existen muy pocos compromisos ambientales y sociales, condiciones que Centroamérica les ofrece en bandeja de plata a estas transnacionales.

Las leyes de minería de nuestros países son similares al enfocarse en los métodos y requerimientos para la adquisición de concesiones de exploración y explotación, las autoridades regulatorias, y otros aspectos meramente concesionarios. Sin embargo, no incluyen obligaciones y metodologías para el control de impactos ambientales y sociales. Costa Rica es el único que en el 2010 aprobó una Ley que prohíbe la minería a cielo abierto, como método definitivo para negar el ingreso a este tipo de proyectos.

La legislación ambiental, bastante incipiente y escueta en la región, ha demostrado ser débil frente al accionar de las empresas mineras. Los proyectos más emblemáticos han confirmado que las mineras encuentran fácilmente los vacíos que les permiten esquivar las sanciones y violentar la legislación ambiental. En la mayoría de los casos, éstas se asocian con los representantes de las comunidades locales e incluso con representantes a nivel nacional, para obviar consideraciones de carácter social y ambiental. En el peor de los casos, las empresas se aferran a acuerdos internacionales como el Tratado Comercial DR-CAFTA, los que sirven para amenazar al país centroamericano a asumir compromisos comerciales que los obliguen a cumplir las exigencias de las transnacionales.

En cuanto al tan divulgado desarrollo que las empresas mineras dicen traer a los países, un estudio publicado en el 2011 por el Centro de Investigación sobre Inversión y Comercio (CEICOM)[1] sobre los “Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica”, identificó que los ingresos tributarios que las empresas mineras pagan a los países de la región son en promedio no más del 1.5% de los ingresos obtenidos.

Movimientos socio-ambientales frente a la minería

La lucha social en contra de la minería, especialmente la metálica, ha venido creciendo a medida que generaciones enteras han visualizado los impactos ambientales y sociales, mismas amenazas que se han intensificado y extendido con el ingreso de nuevos proyectos en una era que se ha denominado “recolonización”.

En Guatemala, según el documental “El oro o la vida”[2], 54 comunidades indígenas han realizado consultas comunitarias, contabilizando un millón de personas que han rechazado alas empresas mineras, petroleras e hidroeléctricas. Estas consultas son prácticas ancestrales que son reconocidas por las leyes municipales, la constitución de ese país e incluso el Convenio 169 de la OIT. Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso a este movimiento social y hasta el 2011 había concedido 155 licencias de exploración y explotación minera metálica.

En Guatemala, la transnacional canadiense Goldcorp Inc. es propietaria del Proyecto Marlín, ubicada en San Marcos, y el Proyecto Cerro Blanco en Jutiapa. El Proyecto Marlín es quizá el más emblemático para Guatemala, debido a las afectaciones ambientales que han generado graves problemas a las comunidades indígenas de la zona. En un estudio realizado en el 2008 por la Comisión Pastoral Paz y Ecología (COPAE) se encontraron concentraciones de metales pesados en el Río Tzala (aluminio, arsénico y manganeso) por encima de los rangos permisibles, y evidencias de afectaciones a la salud pública. El Proyecto Cerro Blanco se encuentra a solo 15 km de la frontera con El Salvador y a 5 km de la ciudad de Asunción Mita, proyecto aún en construcción y que tiene implicaciones socio-ambientales a nivel binacional que no han sido tomadas en cuenta desde las exploraciones.

Guatemala tiene una fuerza de resistencia ante los proyectos mineros que es admirable, gracias a la apropiación que tienen los pueblos indígenas del valor de sus territorios y sus recursos naturales como herencias ancestrales invaluables. Sin embargo, en los últimos 10 años, las consecuencias de esa lucha se han visualizado en el asesinato de 120 activistas y defensores de los Derechos Humanos. Como parte de su lucha, el caso de la Mina Marlín fue presentado ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, logrando que ésta emitiera medidas cautelares para resolver el conflicto y detener el proceso de contaminación ambiental. Ante las estrategias dilatorias del Gobierno para no cumplir con las medidas planteadas, el movimiento social logró que el relator de la ONU para los pueblos indígenas visitara a las comunidades afectadas por la Mina Marlín para escuchar sus reclamos y demandas, divulgando el caso a nivel internacional.

En El Salvador, el movimiento social ambientalista consiguió que el Estado salvadoreño negara conceder los permisos de explotación al Proyecto Mina San Sebastián de Commerce/Sanseb, y al Proyecto El Dorado y la nueva concesión de Exploración del Proyecto Santa Rita de Pacific Rim, éstos últimos ubicados en el Departamento de Cabañas.

El Comité Ambiental de Cabañas estaba preocupado por el uso indiscriminado del agua, recurso que es escaso en la zona. El Dorado pretendía consumir 10.4 l/s (900 mil l/día), misma cantidad que abastece a una familia promedio durante 20 años. Por otro lado, el río San Sebastián es el ícono de la contaminación que ha dejado la Mina San Sebastián; en éste se vierte de manera constante drenaje ácido que contamina el río y que ha dejado sin agua potable a los pobladores de la zona.

La negativa del Estado salvadoreño trajo sus consecuencias sobre la vida de 4 líderes comunitarios, miembros del Comité Ambiental de Cabañas, quienes en el 2009 fueron asesinados. Actualmente, valiéndose del tratado de libre comercio con EEUU (DR-CAFTA), Pacific Rim y Commerce/Sanseb han presentado demandas ante el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones) por $77 millones y $100 millones de dólares respectivamente, en contra del Estado salvadoreño.

En Honduras, después de los estragos que ocasionó el Huracán Mitch (1998), el Congreso aprobó una ley en la que se establecía la priorización del uso del agua para el desarrollo de proyectos mineros, dejando al recurso agua vulnerable a la voluntad de las empresas transnacionales. Es así que Honduras se postula como el país centroamericano con el mayor número de concesiones y con el área más grande de territorio concesionado para proyectos mineros (31% del territorio nacional).

El Proyecto San Martín, ubicado en El Valle de Siria, fue comprado por Goldcorp Inc. en el 2006, y a partir del 2007 inició un proceso de cierre dados los innumerables reclamos por contaminación ambiental y violaciones a los derechos humanos. Entre los numerosos daños que se le atribuyen, resalta la contaminación de la mayoría de las fuentes de agua del Valle de Siria, generando una epidemia de problemas dérmicos producto de la exposición a metales pesados y se han registrado 150 casos comprobados de personas con presencia de arsénico en la sangre. Pero no fue sino hasta el 2010 que el Estado hondureño reaccionó ante esta problemática.

El Proyecto Mina San Andrés, de Minerales de Occidente S.A, ubicado dentro del Departamento de Copán, está aún en etapa de explotación, registrándose denuncias por derrames de agua cianurada desde el 2006; dichas descargas se hacen en las proximidades del río Lara, afectando directamente las fuentes de agua superficiales de las que se abastecen las comunidades cercanas a la mina.

En Nicaragua, existen más de260 concesiones mineras otorgadas, y 95 nuevas solicitudes, las cuales casi doblan el área total del territorio nacional que está actualmente otorgado para proyectos mineros.

El Proyecto Mina El Limón, localizado al noroeste del país, de la empresa Tritón Minera S.A., y el Proyecto La Libertad, ubicado en el centro-norte del país, de la empresa DESMINIC, fueron comprados en el 2009 por la transnacional B2Gold, las cuales han mantenido su comportamiento como las principales contaminadoras del medio en sus zonas de influencia. En el 2006, una ONG nacional (Centro von Humboldt) realizó muestreos de aguas superficiales y subterráneas cercanas a ambos proyectos, encontrando en las quebradas de Mina El Limón, concentraciones de aluminio y manganeso superiores a los rangos permisibles. En La Libertad, se hicieron muestreos al río Mico y sus afluentes, encontrando concentraciones fuera de los rangos máximos permisibles para aluminio, manganeso, zinc, y grasas y aceites.

En La Libertad, las autoridades competentes procedieron a demandar a la empresa por la vía administrativa, y se le solicitó al Centro Humboldt y al Centro de Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA-UNAN) que realizaran análisis de sedimentos en el río Mico, encontrando altas concentraciones de plomo, hierro y zinc. Finalmente, MARENA emitió una resolución para la toma de medidas cautelares y de mitigación de daños ambientales, a lo cual no se le dio seguimiento.

En el 2009, pobladores del Comité de Desarrollo Comarcal de Mina El Limón, interpusieron denuncia ante las autoridades competentes sobre una nueva presa de cola que pretendía construir la empresa Tritón en la comunidad San José de la Cañada, así como la contaminación ambiental (aguas, suelos y atmósfera) y las afectaciones a la salud de los pobladores, la mayoría de los cuales sufren problemas renales a causa de la mala calidad del agua de consumo, deteriorada por la explotación minera. En función de ello, el Ministerio del Ambiente presentó una demanda en contra de Tritón Minera, emitiendo una resolución en la que se mandaba a tomar medidas precautorias y de mitigación por los daños ambientales ocasionados, a la cual no se lo dio seguimiento. Pese a una serie de medidas legales que tomó la comunidad, recurriendo incluso ante la Corte Suprema de Justicia, la que continúa sin pronunciarse, la Presa de Cola San José ya culminó su faceta de construcción y la empresa minera se encuentra en pleno uso de la misma.

Otro sitio de concentración de proyectos mineros en Nicaragua se ubica en el Distrito Minero de Siuna, Bonanza y Rosita, ubicado en la Región Autónoma del Atlántico Norte de Nicaragua, denominado Triángulo Minero. La propietaria es la empresa de propiedad trinacional HEMCO, de capital canadiense, estadounidense y nicaragüense, conocida como HEMCONIC.

La presa de cola del proyecto fue construida sobre la microcuenca Concha Urrutia, al sureste del casco urbano. En el 2009, la presa presentó los primeros problemas a raíz de un sismo de 6.4 en la escala de Richter, que provocó el rompimiento de una sección de la tubería de bombeo de las aguas residuales. Este hecho se agravó con otro sismo a inicios del 2010, esta vez de 4.3 en la escala de Richter, generando grietas a la estructura de 1 cm de espesor en sentido longitudinal. Las aguas residuales de esta presa de cola afectarían al Río Concha Urrutia, Río Tuqui, a su vez al Río Bambana, y al Prinzapolka, mismos que desembocan en el Mar Caribe.

En Costa Rica, se encuentra la Mina Bella Vista, ubicada al noreste de Miramar de Montes de Oro, en Puntarenas, siendo un ejemplo ícono de la irresponsabilidad por parte de las empresas, una vez que el proyecto es abandonado. En el 2000, funcionarios públicos de la Dirección de Geología y Minas, en una interpretación manipulada de la ley, otorgaron autorización al cambio de extracción de túneles a cielo abierto, sin cumplir con los trámites señalados por esa Dirección. La empresa Glencairn Gold suspendió operaciones en julio de 2007, producto de un problema de deslizamiento de terreno que sufrió el área de extracción del proyecto. En octubre 2007, Glencairn Gold fue comprada por la transnacional B2Gold, obteniendo un Proyecto en estado de abandono, sin acciones de remediación del terreno concesionado, aunque B2Gold asegura estar en una etapa de recuperación para la reanudación de actividades.

El Proyecto Minero Crucitas, uno de los más emblemáticos de la lucha anti minera por parte de organizaciones ambientalistas de Nicaragua y Costa Rica, le pertenece a la empresa Industrias Infinito S.A., subsidiaria de la compañía Infinito Gold Limited de origen canadiense. Luego de una ardua campaña anti minera por parte de UNOVIDA (Unión Norte por la Vida), ACAME (Alianza Centroamericana frente a la Minería Metálica) y los(as) líderes comunitarios(as) del norte y el sur de Nicaragua, el 30 de noviembre 2011 fue finalmente anulado por la Sala I de la Corte Suprema de Justicia, la cual confirmó por unanimidad la sentencia del Tribunal de lo Contencioso Administrativo que dejó sin efecto la concesión y ordenó a la empresa pagar una indemnización por daño ambiental. Fue parte de la orden investigar las implicaciones del ex Presidente Oscar Arias y otros funcionarios del Estado que se vieron involucrados en las gestiones ilegales de la empresa Industrias Infinito S.A.

En definitiva, los proyectos mineros en Centroamérica se comportan de manera similar, ubicándose estratégicamente en los afloramientos de los ríos, afectando cuencas hidrográficas de vital importancia para la población; pasan por alto requerimientos técnicos y violentan las incipientes leyes ambientales, y no se hacen responsables por las afectaciones ambientales y sociales. Las consecuencias de la minería son irreversibles, afectan y afectarán a generaciones que estarán condenadas a un restringido acceso al recurso agua en calidad y cantidad, así como a la exposición a contaminantes como los metales pesados, limitando sus capacidades de desarrollo, generalizando la pobreza y particularizando las ganancias.

Tania Sosa

Notas:

[1] “Impactos de la Minería Metálica en Centroamérica”, CEICOM, Nolasco, S. 2011.

[2] “Recolonización y resistencia en Centro América”. Un documental de Caracol Producciones, Guatemala. 2011. Filmado en Guatemala, Honduras y El Salvador.

Tania Sosa es ingeniera en Calidad Ambiental; trabaja en el Centro Humboldt, Nicaragua, como oficial de industrias.

Este texto es parte de la revista “América Latina en Movimiento”, No 473, correspondiente a marzo 2012 y que trata sobre “Extractivismo: contradicciones y conflictividad”.

GUA: ¡siguen los asesinatos!

Adjuntamos comunicado en relación con el asesinato de la madre de nuestro compañero Carlos Alberto Folgar Palma, secretario general de la filial dle SNTSG en Jutiapa y miembro del FNL. 

Guatemala, 2 de Abril del 2012


Sigue la sangre…


Ayer, sicarios desconocidos, en su casa de habitación, cobraron la vida de Marta Palma de Folgar. Primero la acribillaron a tiros y luego la degollaron. No se registró ninguna señal de robo en sus propiedades. Simplemente, a los 70 años de edad, la asesinaron.

No es posible que sigan impunemente asesinando a nuestra gente. Ella cometió el “delito” de ser la madre de un luchador: Carlos Folgar Palma, Secretario General de la filial del Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Jutiapa, miembro del FNL.

Esta nota envía nuestras condolencias a toda la familia de quien fuera Doña Marta, pero, además, lanza un ardiente reclamo a las autoridades, ante quienes planteamos esta queja. Demandamos, una vez más, que se investiguen los hechos. Esperamos que en esta ocasión, como ha ocurrido tantas veces, no se olviden del asunto.


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Miembro de Plataforma Sindical Común Centroamericana

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